Inicio

Nulidad del despido por COVID-19: valoración de la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell

El Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell ha anulado el despido de una trabajadora por haberse realizado durante la prohibición instaurada por el artículo 2 de RDL 9/2020 de despedir por causa de la COVID-19, en un procedimiento instado por el Sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) y la trabajadora, contra Bimbo Donuts Iberia. La Sentencia está disponible aquí.

El día antes de publicarse esta norma en el BOE hubo una avalancha de despidos porque las empresas fueron oportunamente puestas sobre aviso por el propio Gobierno. Pese a que la legislación de urgencia se ha anunciado con la intención de prevenir los efectos estructurales en el empleo y ha instaurado una canalización obligatoria de los efectos de la COVID-19 por el cauce de la suspensión de contratos (ERTEs), al día siguiente una parte importante de los medios y de los despachos de abogados más importantes se apresuraron a decir que la norma sólo convertía en improcedentes los despidos.

Y aquí asistimos a una paradoja, aunque sólo en la apariencia, porque la pandemia de la COVID-19 sirve para desnaturalizar toda una serie de – mínimas – garantías legales de los trabajadores y que han dado lugar a una serie de atropellos en estos últimos meses: ERTEs de fuerza mayor cuando ésta no concurre y la empresa tenía otras alternativas, trabajadores forzados a teletrabajar sin acuerdo y en casas no adaptadas para ello, reconocimientos médicos sin sustento científico impuestos obligatoriamente, cobro de la prestación de desempleo 3 meses después, etc. Pero cuando se trata del despido, entonces parecería que no se debe aplicar la lógica específica de la situación de pandemia y de estado de alarma, que casi no se debería dar importancia al carácter imperativo de la suspensión de contratos y a la prohibición de despedir.

Las voces que se apresuraron a defender la improcedencia (y no la nulidad) de los despidos, defienden que el despido sin causa es improcedente y no nulo. Prescindiendo por un momento de lo controvertido de este argumento y de los abusos que esta interpretación ha producido en la práctica, el caso es que no nos encontramos ante un despido “sin causa” sino ante un despido cuya causa ha sido expresamente prohibida.

Las normas que entran en juego han sido aprobadas a través de un instrumento legislativo utilizable sólo en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” (el famoso real decreto-ley) por lo que va implícita en la vía legislativa adoptada que la lógica laboral debe adaptarse a esta situación diferencial. Y ello pese a la calculada ambigüedad o falta de claridad por parte del Gobierno, más preocupado por lanzar un eslogan electoral que por la efectividad real de la medida.

En esta situación, lo que es seguro es que hay fraude. Lo único que quedaría por determinar es si es el Gobierno quien ha hecho un fraude general, la empresa que ha actuado en fraude de ley o ambas cosas.

El Juzgado de lo Social nº3 de Sabadell ha estimado la nulidad reclamada por nuestro sindicato y que hemos venido reclamando y seguiremos reclamando en las demás demandas de despido interpuestas en la situación actual en diversas empresas. Pero no nos ilusionamos con que la motivación del Juzgado haya sido sólo en el plano de la tutela de los mínimos derechos de la compañera despedida.

Este Gobierno ha puesto todas las facilidades posibles a la Patronal para dejar de pagar salarios y cotizaciones durante el tiempo que sea necesario, inventándose luego incluso el concepto contradictorio de “fuerza mayor parcial”. Lo ha hecho defendiendo no el interés de la clase obrera (200.000 trabajadores siguen sin haber cobrado ninguna prestación) sino defendiendo el interés de clase de la Patronal, el mismo que defienden las empresas de servicios sindicales.

Es por esto que hay otro interés de fondo que es el que el Juzgado protege con este tipo de sentencias: el interés de la parte de la Patronal que no ha realizado despidos frente a la parte de la Patronal que ha decidido saltarse el interés general de la clase burguesa, haciendo una competencia “desleal” a los que se han mantenido dentro de las indicaciones del gobierno burgués de PSOE-Unidas Podemos.

Esta Sentencia es un pequeño logro. Un logro tan frágil como que lo puede anular cualquier órgano judicial superior. Esto no hará que dejemos de defender que la consecuencia de un despido por causas de la COVID-19 sea la nulidad.

Pero el verdadero logro siempre es y será la extensión de la organización y la lucha, a todas las empresas y sectores, sobre la base de la cual podamos empezar a devolver los golpes y revertir la dinámica de retroceso que la crisis económica nos impone.

¡Por la reducción de jornada a 25 horas semanales sin reducción de salario, hacia la abolición del trabajo asalariado!

¡Salario mínimo de 1.500€! ¡Puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro de 1.500€!

¡Jubilación a los 55 años con el 100% del salario!

¡Fuera ETTs y subcontratas, todos a fijos en la empresa principal!

¡No te resignes a la impotencia de la soledad individual, contacta y organízate en el sindicato de clase!

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo!

Adjuntos:

Sentencia Despido Bimbo 93-2020 Juzgado Social 3 Sabadell (anonimizada).pdf

[ ]

9638 kB

Actualización sobre la situación de la clase obrera y los cambios legislativos introducidos por el gobierno para hacernos pagar la crisis capitalista

Como ya avanzábamos en la última noticia al respecto, era previsible que el Estado siguiera plasmando su política antiobrera en las varias siguientes medidas que han ido tomando y que intentaremos resumir sucintamente, al mismo tiempo que observamos las consecuencias para la clase obrera (matanza de los pensionistas, más de un millón de despedidos, etc.) de la política del Estado burgués.

El Estado de la patronal, justificándose con el estado de alarma y una “crisis sanitaria” que va también muy bien para esconder la muy real crisis capitalista, mantiene el “leitmotiv” de sus medidas anteriores:

1.      1. Que puedan abrir y producir el máximo de sectores por encima de cualquier otra consideración.

2.      2. Facilitar ERTEs y despidos.

3.      3. Defender la pequeña y gran burguesía a costa de la clase obrera.

Veamos su contenido y resultados.

Ayudas para la pequeña y mediana patronal a costa de las cotizaciones de la clase obrera

En efecto, después de la publicación del RDL 13/2020 con el que se prestaba todo tipo de ayudas a la patronal agraria (“mejoradas” con el último RDL 19/2020), tenemos otro tanto dirigido al conjunto de la patronal, pequeña, mediana y grande, en el RDL 15/2020, que no esconde su objetivo bajo los capítulos “Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos”, “Medidas para reforzar la financiación empresarial” o “Medidas fiscales” (de exenciones varias a las empresas, se entiende). Por otro lado, bajo el tendencioso epígrafe “Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo”, lo que se hace es lo primero (entendiendo por economía, como entienden ellos, el bolsillo de los empresarios y empresarias, claro está) pero desde luego no lo segundo, estableciendo a la práctica prórrogas de las medidas ya comentadas anteriormente.

Ningún sector de la pequeña y mediana burguesía se va a quedar sin su parte de subvención. El “Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019”, se encarga de financiar a la supuesta “cultura”, que recibirá el apoyo del estado a costa de las “contribuciones” de la clase obrera. Sector corporativista, carrerista e individualista donde los haya, que además es uno de los mayores defensores de la peor forma de propiedad, la propiedad intelectual.

En cualquier caso ¿de dónde sale el dinero de todas las ayudas, exenciones de cotizaciones, subvenciones directas e indirectas, etc. para la pequeña y mediana burguesía? ¡De las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por la clase obrera, para quien sólo quedan las migajas de las mismas!

¿Resultado? “La Seguridad Social acumula un déficit de 115.000 millones en 8 años” (Expansión 15-05-2020). ¿La explicación de la burguesía? La caída de los salarios y el envejecimiento de la población… Pero esto es mentira. El motivo real es el atraco sistemático de estos fondos para subvencionar a autónomos y pymes, al mismo tiempo que se les exime de cotizar (ya sea por exención legal o por negligencia descarada de la Inspección de Trabajo ante la extendida situación en la que no se cotiza ni la mitad de la jornada real de los trabajadores en todas estas empresas).

Suspensiones y levantamientos de plazos, ¿en beneficio de quién?

Es significativo también mencionar que a las suspensiones de plazos varias ya aprobadas (que, bajo la pretensión de protegerlas, a la práctica añaden una dificultad adicional a la presentación de reclamaciones administrativas y judiciales), se suma la suspensión de los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo, con lo que los inspectores e inspectoras de trabajo tampoco tendrán que sufrir por tener que correr a perseguir las infracciones empresariales. La derogación parcial de estas suspensiones realizadas por el RDL 19/2020 no quitan el hecho de que lo que se perseguía y persigue con ellos es lo mencionado.

El RDL 16/2020 recoge varias de las propuestas realizadas por el CGPJ para “agilizar” la tramitación de los procesos judiciales pendientes y presentados posteriormente cuando se restablezca de modo general el supuesto “derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” (que, según ellos, a pesar de todo no está suspendido).

Sin profundizar en cada uno de ellos, el objetivo no escondido de la medida es quitarse de encima cuanto antes el grueso de las demandas, estableciendo para ello limitaciones y restricciones en las supuestas garantías hasta ahora existentes.

No podemos esperar otra cosa que un aumento de los atropellos y arbitrariedades en los juzgados y un incremento general de las sentencias desestimatorias, en un proceso en el que la clase obrera debe desembarazarse cada vez más de la creencia en la imparcialidad de la justicia burguesa y en la que esta debe mostrarse cada vez más descarnadamente como realmente es: una justicia de clase para garantizar el dominio del capital sobre el trabajo asalariado.

Ante todo, la ganancia. El Estado al servicio de la Patronal

Paralelamente a todos los RDLs, luego convalidados siempre por el Congreso, es significativo mencionar que el eje de todas las medidas aprobadas mediante órdenes del Ministerio de Sanidad acerca del contenido práctico de las famosas “fases” de desconfinamiento es el de ir ampliando las posibilidades de negocio a todos aquellos sectores de la patronal que vienen viéndolas limitadas por las razones sanitarias de marras. Más que Ministerio de Sanidad lo podrían llamar Ministerio de cómo evitar que los problemas sanitarios afecten al negocio…

Y finalmente llegamos al último paso realizado por el gobierno, con el apoyo explícito de patronales y empresas de servicios sindicales (que son quienes en realidad lo han propuesto y decidido), plasmado en el RDL 18/2020, por el que “flexibilizan” aún más las posibilidades de ERTEs y despidos. En efecto, el RDL en cuestión no hace más que formalizar el acuerdo que en su momento alcanzaron a bombo y plantillo patronales y empresas de servicios sindicales. En él desvinculan los ERTEs por fuerza mayor del tema covid, los extienden de momento hasta el 30 de junio, estableciendo una “Comisión de Seguimiento” que podrá extender total o parcialmente estas limitaciones. También se introduce la distinción entre la llamada fuerza mayor “total” o “parcial”, jerga que tiene por objetivo desvincular las decisiones empresariales de cualquier fuerza mayor eventualmente real y permitir que las mismas sean discrecionales y que, en función de las necesidades que valoren que tengan, vayan incorporando o no a parte de la plantilla que esté en ERTE.

La falacia de la “salvaguarda del empleo”, mientras siguen sin pagar por los ERTES

A ello hay que sumar que este RDL modifica el RDL 8/2020 para ampliar a prácticamente cualquier cosa las excepciones a la supuesta prohibición de despedir por motivos relacionados con el Covid-19, recogida bajo el falso epígrafe de “Salvaguarda del empleo”. Este compromiso de supuesta salvaguarda no se considerará incumplido si se despide disciplinariamente, por finalización de contrato o por imposibilidad de ejecutar la obra o servicio, cuando la empresa esté en riesgo de entrar en concurso, o cuando cada juez o jueza lo considere, atendiendo a que “Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”. Finalmente, el periodo obligatorio de mantenimiento del empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE se esfuma por el método de contar dicho plazo a partir de la primera reincorporación parcial y no desde la finalización real del ERTE.

Todas estas medidas de apoyo explícito e implícito a la patronal se aprueban en el momento en el que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras en ERTE todavía no han recibido sus prestaciones e incluso los funcionarios del SEPE tienen miedo de reabrir físicamente ante las consecuencias que esta situación puede acarrear para su seguridad.

¿Cuáles son los resultados prácticos? Antes del anuncio de medidas de “salvaguarda del empleo” ya se habían realizado casi un millón de despidos: “entre 12 y el 31 del mes pasado [marzo], cuando se destruyeron 898.822 empleos” . A esto, le seguirán entre un millón y dos millones de despedidos en los próximos meses.

El papel de las empresas de servicios sindicales

A todo esto, la única actuación de los sindicatos subvencionados, o empresas de servicios sindicales, además de firmar lo que la Patronal necesite, ha sido pedir “un esfuerzo a los trabajadores” y llaman a “trabajar un poco más”.

En una situación de crisis de sobreproducción en la que la consigna debería ser la reducción drástica de jornada para reincorporar a todos los compañeros y compañeras que serán despedidos en todo este proceso, la consigna de los amarillos es: “trabajar un poco más”…

Este es el motivo por el que el Gobierno les ha conferido el derecho de pernada sobre los trabajadores de las empresas sin representación para negociar (y acordar) los ERTEs: no son sindicatos, son instituciones de la Patronal.

¿A dónde conduce la política pactista y de defensa inmediata de intereses corporativos o subcorporativos? Conduce al estado de indefensión y desarme con el que la clase obrera ha tenido que sufrir la crisis actual y conduce a situaciones como el anunciado cierre de las plantas de Nissan. Una huelga en una planta no sirve para parar un cierre, como han intentado vender el sindicalismo subvencionado (también el supuestamente alternativo): se necesita una acción de clase que trascienda empresas y sectores.

Todo esto pone encima de la mesa el verdadero papel de las empresas de servicios sindicales: la organización de la derrota de la clase obrera.

La falsa alternativa de la “izquierda” y la “derecha” de la burguesía

En esta situación los medios de la burguesía nos presentan como únicas alternativas posibles las del gobierno y sus “leales” oposiciones, que con más o menos ruido están, a la práctica, de acuerdo con todas las medidas aprobadas contra la clase obrera y discuten, si acaso, de cómo se reparten entre ellos las “ayudas” y subvenciones y, sobre todo, el negocio.

Si bien es cierto que la burguesía vive en competencia consigo misma y una parte se revuelve contra el mantenimiento del confinamiento y quisiera reanudar ya la producción a toda vela mientras que otra parte quiere asegurar el control de la situación general para evitar estallidos sociales, lo cierto es que en lo fundamental están de acuerdo: la ganancia y la propiedad privada es lo que hay que proteger y la clase obrera que la produce debe someterse por uno u otro medio a peores condiciones de explotación.

Es bajo este prisma que hay que ver las “movilizaciones” del barrio de Salamanca y similares, por un lado, y los pactos sobre supuestas derogaciones de la reforma laboral de 2012, por el otro. 

Reformas laborales: mentiras y señuelos

La derogación de la reforma laboral de 2012 es puro humo. La legalidad vigente antes de 2012 no era sustancialmente mejor para la clase obrera. Era, de hecho, el resultado de toda una serie de reformas previas que quedarían apuntaladas bajo la excusa de derogar la última. Además, el compromiso en cuestión no se liga a una fecha concreta, sino simplemente a la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas, cuya fecha real está enteramente en sus manos. Por último, lo más probable es que venga acompañada de una nueva reforma de mayor calado, introducida mediante el subterfugio de la derogación de la anterior.  

La burguesía española necesita introducir reformas mucho más profundas contra las condiciones de vida de la clase obrera para no quedarse rezagada en la competencia internacional con el resto de burguesías imperialistas.

Una de las recientemente introducidas es la famosa “renta mínima garantizada” o “ingreso mínimo vital”, que no tiene otro objetivo que ir generalizando la miseria, consolidando cada vez todas las prestaciones en una sola, cobrable solo por quien esté en condiciones cada vez peores y de un monto que no puede ser calificable más que de miserable. En la línea de lo que ya expusimos con relación a la compatibilidad aprobada entre las prestaciones y los salarios del sector agrario, el objetivo práctico perseguido de la posibilidad de mantener prestaciones a la vez que salarios es el de “subvencionar” indirectamente la rebaja de los salarios que las empresas deban abonar. En efecto, sabiendo que los salarios tienden a ser el coste de la producción y reproducción de la vida obrera, que se pueda mantener el cobro de las prestaciones, se llamen como se llamen, mientras se trabaja en realidad repercutirá necesariamente en el monto salarial que los explotadores de turno terminen pagando.

La masacre colectiva de los pensionistas

Recordemos en este punto lo que decía en 2012 Christine Lagarde que “El Fondo [Monetario Internacional] reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".” (El País, 11 de abril de 2012)

El resultado de la acción coordinada del aparato del Estado de la burguesía es el siguiente: de todas las muertes contabilizadas por covid-19, 19.175 muertes se han producido en las denominadas “residencias de ancianos”, en lo que no puede calificarse de otro modo que de asesinato colectivo. Pero no sólo han muerto pensionistas en las residencias: “ocho de cada diez personas fallecidas en España eran mayores de 70 años”.

El cinismo no puede ser mayor: “El gasto en pensiones cae por primera vez por el coronavirus” (Expansión, 27-05-2020). “El último mes se produjeron 70.000 bajas en el sistema, casi el doble de la media de los cinco años anteriores, una cifra que superó ampliamente las 31.000 altas” (Expansión, 27-05-2020)

Y ni siquiera esto satisface todavía a los líderes del canibalismo social como podemos comprobar en la declaración del presidente del Círculo de Empresarios: “Si la inflación es negativa, hay que bajar las pensiones” (Expansión, 18-05-2020)

Por la reanudación de la lucha de clase

Frente a todo esto, sólo nos queda una opción, cultivar y extender el compañerismo y la solidaridad a ultranza y organizarnos en el sindicato de clase SUT para combatir las medidas existentes y las que vendrán, planteando NUESTROS propios intereses como clase de forma independiente de todas las tendencias parlamentarias que intentarán encuadrarnos en la defensa de SUS intereses.

Ahora la Patronal quiere retomar la producción en su carrera sin freno en pos de la acumulación y la ganancia. Encaramos una etapa de abusos y atropellos desbocados contra la clase obrera, pero también estamos saliendo del arresto domiciliario y del aislamiento que ha impuesto la Patronal a grandes grupos de trabajadores, dificultando la acción reivindicativa. Ahora, nuestros capitalistas van a querer que trabajemos el doble y por la mitad de salario. Pero al hacer esto, inevitablemente y pese a sus deseos, abren la puerta a su vulnerabilidad: porque la única fuente de ganancia es nuestro trabajo, si nosotros paramos el capital se ahoga.

Sin perder nunca de vista el desarrollo de la situación internacional (vivimos sobre un barril de pólvora de escala mundial), debemos estar atentos para los momentos que se van a presentar en los que podremos coger el toro por los cuernos y exigir a la Patronal todo lo que nos ha quitado en su ofensiva hasta ahora, extendiendo la lucha a todas los centros, empresas y sectores.

¡Por la reducción de jornada a 25 horas semanales sin reducción de salario, hacia la abolición del trabajo asalariado!

¡Salario mínimo de 1.500€! ¡Puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro!

¡Jubilación a los 55 años con el 100% del salario!

¡Fuera ETTs y subcontratas, todos a fijos en la empresa principal!

¡No te resignes a la impotencia de la soledad individual, contacta y organízate en el sindicato de clase!

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo!

Cambios legislativos por el Covid-19: el estado al servicio de la patronal y contra la clase obrera

En una sociedad mercantil fundada en el trabajo asalariado y la ganancia, como en la que vivimos, todas las medidas que se toman por la pandemia COVID-19 son al mismo tiempo medidas contra la clase obrera:

1. La producción no se para (o sólo parcialmente) porque es más importante la ganancia que la salud de la clase obrera, cuyos ritmos de trabajo además se incrementan.
2. Si se tiene que parar la producción (o al menos una parte): las trabajadoras y trabajadores afectados se quedan sin salario, cobrando el 70% de la base de cotización reconocida (es decir, excluyendo todo lo que las empresas imponen pagar en negro) y cobrándolo no se sabe cuándo.
3. Un millón de trabajadores es simplemente despedido con invenciones (despidos disciplinarios, no superación del periodo de prueba, finalización de contrato, fin de llamamiento, etc.) y otro millón está por llegar en el próximo mes.
4. Eso sí, como hay que defender a la propiedad inmobiliaria (pequeña y grande) la clase obrera arrojada al paro, debe seguir pagando el alquiler.
5. Como no está garantizada la comida, se producen acaparamientos, compras masivas, desabastecimiento de productos.
6. Mientras la burguesía se encuentra literalmente a sus anchas en sus mansiones, la clase obrera se encuentra confinada en celdas diminutas.

Esta es la realidad que se despliega ante nuestros ojos y la que seguiremos sufriendo mientras exista la propiedad privada y el trabajo asalariado; y si no logramos imponer a nivel inmediato, como mínimo:

1. Reducción drástica de jornada a 25 horas semanales, sin reducción salarial.
2. Salario mínimo de 1.500€ netos al mes, puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro.
3. Jubilación a los 55 años, con 100% del salario.

Ante esta realidad, el Gobierno de la falsa izquierda ha desplegado una batería de medidas que o son simple maquillaje o favorecen descaradamente a la Patronal y a la propiedad. Pasado ya más de un mes de las primeras medidas adoptadas por el gobierno con relación al tema del Covid-19 creemos importante hacer un análisis detallado retrospectivo del contenido real de clase de todas las medidas que se han ido aprobando, que se puede resumir en la defensa de la propiedad inmobiliaria, de las empresas y los autónomos y de los negocios existentes y los surgidos con la situación, todo ello a costa, como no puede ser de otra manera mientras haya capitalismo, de la clase obrera.

La situación actual está permitiendo constatar una vez más la naturaleza real del estado de la burguesía, siempre al servicio de la patronal, a pesar de la verborrea del gobierno PSOE-Unidas Podemos y de todos sus palmeros.

Medidas económicas

Después del cierre de los centros escolares y antes de la declaración de estado de alarma, el gobierno ya aprobó los primeros reales decretos ley (RDL) con varias “medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública” (RDL 6/2020) y para “responder al impacto económico del COVID-19” (RDL 7/2020). Dichos RDL, sin embargo, fueron ampliamente extendidos y modificados por los RDL 11 y parcialmente 13 (de 1 y 8 de abril respectivamente), con lo que intentaremos exponer el contenido final de dichos RDL de forma conjunta. En estos RDL podemos encontrar sobre todo numerosas medidas de apoyo a los bancos (prolongación de la vida de la SAREB, mayores facilidades para transformar entidades en bancos), al sector del turismo (con la ampliación de la línea de financiación ya creada para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook), a las empresas en general (numerosas líneas de crédito para todo tipo de sectores y empresas, aplazamiento de pago de tributos, etc.) y a los autónomos, a quien van dirigidas numerosas ayudas (por mucho que sean los que más lloran), prestaciones por cese de actividad, créditos, moratorias en las cotizaciones y un largo etcétera. Todas estas medidas han sido ampliadas adicionalmente mediante el última RDL publicado (15/2020 de 21 de abril).

Medidas con relación a la vivienda

En estos mismos decretos encontramos toda la normativa aprobada con relación a hipotecas y alquileres. En este sentido cabe mencionar, sucintamente, que a pesar de que la mayor parte de las viviendas del estado español siguen siendo en régimen de propiedad y no de alquiler, el alquiler representaba a nivel del estado en 2018 el 23,9% del parque y subiendo, con CCAA como Cataluña, Baleares o Canarias donde está por encima del 30%. Además, el 32,9% de las viviendas de propiedad en realidad son propiedad del banco con el que se mantiene la hipoteca, ya que no están totalmente pagadas (datos del Observatorio de vivienda y suelo 2019). A pesar de la habitual y tendenciosa falta de datos al respecto cabe presumir que la clase obrera conforma la aplastante mayoría de dichos casos, sin perjuicio de que una parte importante de la misma en el estado español, por motivos históricos, mantenga la vivienda en régimen de propiedad.

¿Y cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno con relación a la vivienda y a quién defienden realmente?

La propia exposición de motivos del RDL 11/2020 nos da una pequeña pista: “En primer lugar, se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas vulnerables. En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad del mercado del alquiler en España hace especialmente necesario que las medidas adoptadas faciliten los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas. Se establecen por ello propuestas en este ámbito dirigidas a la necesaria protección a los colectivos más vulnerables que puedan ver sensiblemente afectada su capacidad para hacer frente al alquiler, al tiempo que se garantiza un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, especialmente a aquellos para los que los ingresos generados por la renta del alquiler pueden ser esenciales.”

Esto significa admitir que las medidas son sólo de aplicación al 15% de los alquileres…

¿Y quién considera el RDL en cuestión como “pequeño” propietario?

“…cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m²…”

Empezamos bien. Un rentista con hasta diez propiedades es objeto explícito de protección del RDL. Se nos dirá que también existen (pocos) rentistas con una o pocas propiedades que no tienen otra fuente de ingresos y cuyas eventuales prestaciones son muy bajas. Y responderemos que la reivindicación en este caso no puede ser otra que la misma para todos los desempleados, prestación indefinida de al menos 1.500€, renunciando obviamente a las rentas y a las propiedades que no use realmente, como primer paso hacia la expropiación efectiva de todo el parque de viviendas y su puesta a disposición para la clase obrera (de la vivienda de la burguesía no es nuestra función preocuparnos).

En cuanto a las medidas explícitas para la supuesta protección de los arrendatarios tenemos tan sólo, resumidamente las siguientes. Si se tiene la suerte de que tu casero sea un “gran tenedor” (insistimos, más de diez propiedades, cosa que además es prácticamente imposible de comprobar porque no hay obligación de registrar los contratos de alquiler) se puede forzar a que él decida si te deja no pagar ahora los alquileres para que los pagues en cómodos plazos de hasta tres años, o bien rebajarte voluntariamente el alquiler a la mitad. Si no tienes la suerte de estar dentro del 15% de contratos de grandes tenedores, sino que tu casero es un “pequeño” rentista que tiene solo hasta diez propiedades entonces tienes la posibilidad de acordar una rebaja o moratoria con la propiedad y si ésta se niega el RDL te da la posibilidad de solicitar créditos al estado para pagar el alquiler no fuera caso que dejaras de pagarlo. Evidentemente a ello sólo tendrás derecho si puedes acreditar que perteneces a un colectivo “vulnerable”, cumpliendo los requisitos que recoge el RDL. Pretender que esto es una ayuda a los arrendatarios es como mucho una broma de mal gusto… Obviamente de condonar el alquiler u obligar a rebajarlo, que serían las medidas reales de apoyo a los arrendatarios dentro del propio marco legal burgués, nada de nada. Defensa explícita de la propiedad y sus rentas. Ni nada recogen los RDL tampoco acerca de la posibilidad de que los miembros de la clase obrera que deben pasar los días de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas, sin luz y sin respiraderos, puedan trasladarse a alguna de los millones de viviendas vacías del estado español.

A ello hay que sumar la prórroga automática de todos los contratos que venzan durante este periodo por otros seis meses con las mismas condiciones. Es obvio que en un contexto en el que el mercado del alquiler, por efecto de la situación actual, no debería hacer otra cosa que bajar, la medida sólo persigue intentar postergar la bajada inevitable de precios pretendiendo camuflar dicha acción como una “medida dirigida a las familias y colectivos vulnerables”, desde luego a las familias obreras no… Obviamente ante el previsiblemente hundimiento de los precios del alquiler que la situación debería acarrear habrá que estar atento a las demás medidas que vayan a ir aprobando para intentar frenarlo, todas ellas contrarias obviamente a los intereses de los arrendatarios.

Finalmente se establece una suspensión de los desahucios por impago si se acredita que no se tiene alternativa habitacional y se está dentro de los colectivos “vulnerables”. Todo un “regalo” en comparación con las medidas establecidas con relación a las hipotecas, con moratorias incluidas. En todo caso respecto a las moratorias en el pago de las hipotecas (que este RDL amplió de la vivienda habitual a la hipoteca de las viviendas alquiladas y locales comerciales) hay que poner sobre la mesa también que en todo caso es también en interés de los bancos no tener que ejecutar masivamente las hipotecas asumiendo desahucios eventualmente prohibidos e inmuebles que no van a poder vender y que engrosarían otro SAREB.

Medidas sanitarias 

En estos mismos decretos se pueden encontrar también medidas relacionadas con el supuesto apoyo al ámbito sanitario, pero evidentemente, a pesar del estado de alarma, no encontramos en ningún momento medidas como la requisa de todos los centros médicos privados (que siguen prestando servicios a quienes pagan o están mutualizados y siguen manteniendo su negocio y manteniéndose de forma criminal por debajo de sus posibilidades de uso – El País, 2 de abril de 2020), tanto cuando la gestión es estatal como cuando está cedida a las CCAA.

Hay que mencionar también que la situación actual de falta de personal médico tiene su raíz en la política corporativista de “numerus clausus” llevada a cabo por este sector desde hace décadas y que tiene ahora incluso su reflejo en el contenido de supuesto apoyo al ámbito sanitario de estos decretos, que recogen el alargamiento de los contratos de los residentes (los famosos MIR) pero no su automática conversión masiva en personal médico con los mismos derechos y deberes (algo que el RDL 15/2020 ha hecho también con los llamados contratos predoctorales). Insistimos, el colectivo de médicos - que actúa como una auténtica patronal - es igual de responsable que el Estado de la falta actual de personal por su histórica política corporativista de mantener el número de médicos limitado para poder mantener los varios privilegios y prebendas de los que han venido históricamente disfrutando, su posibilidad de mantener un trabajo en la pública y una consulta privada, etc.

Se puede leer aquí la hipócrita defensa de los “numerus clausus” que hace el Foro de la Profesión Médica de España, mientras que la limitación del número de médicos para que nos atiendan lo defienden también los estudiantes de medicina y un tercio de los médicos que trabajan en la pública trabajan también en la privada. En lugar de “numerus clausus” y de poner el tren de vida de los médicos por delante de la salud de la clase obrera, lo que necesitamos a nivel inmediato es:

1. maximización de las plazas en las universidades para personal médico,
2. multiplicación por 5 sino por 10 de las instalaciones y recursos destinados a la medicina,
3. supresión del MIR como forma de explotación encubierta de formación y forma de mantener el privilegio corporativo,
4. difusión de conocimientos y práctica básica en medicina a toda la población en la formación obligatoria.

En cuanto a la situación médica no podemos dejar de mencionar que las cifras de afectados y muertos por la enfermedad es obviamente falsa y es en realidad mucho más alta, en el momento que el propio Ministerio de Sanidad afirma a la práctica estar contabilizando solo a quienes han podido hacer el test y han dado positivo (y es pública y notoria la falta de tests de cualquier tipo), prohíbe cualquier autopsia de los cadáveres con síntomas (contabilizando como no confirmadas aquellas personas muertas a las que no se había hecho test previamente) y mantiene las residencias de la tercera edad sin medicalizar (en su mayoría y en todo caso durante varias semanas en las que la enfermedad ha hecho estragos). Algo parecido a lo que ocurre en las residencias está ocurriendo también en las cárceles, donde además los presos han visto restringidos todos sus contactos con el exterior. La situación de las cárceles en el país más carcelero del mundo (EEUU) es realmente dantesca, pero la situación real de las cárceles en el estado español, en proporción al número de personas presas, tampoco debe alejarse mucho…

Sólo se podrá llegar a tener un dato más o menos real de las muertes causadas por este virus en el momento en el que se haga simplemente una estadística del total de muertos durante estas fechas comparado con el total de muertos en las mismas fechas del año pasado, cualquier otra cifra que dé el gobierno es simplemente falsa.

Bajas y tiques de comida

Aparte de todo esto, realmente podemos encontrar como medidas de “apoyo” a la clase obrera tan solo el reconocimiento como enfermedad laboral de las bajas por Covid-19 y cuarentena (que también se reconoce a los funcionarios, con sus particularidades), ampliada a aquellos que residan en municipios cerrados por el confinamiento y trabajen en otros (y puedan acreditar que no pueden teletrabajar y unos cuantos requisitos más) y el reconocimiento del derecho a tiques de comida para los niños y niñas que tuvieran beca de comedor escolar. Con relación a esto debemos decir que, por un lado, numerosos casos de trabajadores y trabajadoras con Covid-19, por falta de tests y por las varias dificultades de atención, no se están reportando como tales y están pasándolo en sus casas con bajas por contingencias comunes o sin bajas por estar en desempleo, con lo que la afectación del reconocimiento como enfermedad laboral será muy probablemente bajo. En cuanto a los tiques de comida el propio decreto recoge que serán los servicios sociales quienes determinarán cómo se da acceso a la comida, aprovechando la ocasión para derivar las familias afectadas a los negocios que consideren oportunos, como ya hizo la Comunidad de Madrid con Telepizza…

Medidas laborales

Después de revisar el contenido de los RDL de ámbito “económico” nos queda la otra gran vertiente de lo que se ha ido publicando en el BOE, los varios ataques a la clase obrera que podemos encontrar en todos los RDL que se han publicado de ámbito “laboral”. En este caso analizaremos el contenido de los RDL 8, 9, 10, 13 y 15 de 2020.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno en este ámbito fueron las facilidades a las empresas para poder llevar a cabo ERTEs, que evidentemente se han extendido como la pólvora y han afectado a una parte muy importante de la clase obrera debido al cierre obligado de muchos servicios. Dichas facilidades incluyen, entre otras, reducciones de plazos y de cotizaciones, así como la inestimable participación obligatoria de las empresas de servicios sindicales en los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, en el caso de que no hubiera representación. Es decir, allí donde no hay representación las empresas de servicios sindicales pueden usurpar sin más la representación a los propios trabajadores a nivel de centro o empresa y negociar en su nombre, aunque la plantilla quisiera elegir su comisión. Este es un auténtico derecho de pernada que demuestra la función patronal de estas organizaciones y, por otro, enseña las consecuencias de desentenderse de copar y desalojar de las representaciones a estas organizaciones subvencionadas: cuando llega el momento estamos desarmados.

Por otro lado, afirman alargar la vigencia de los contratos temporales, pero en realidad ello solo aplica a los que se incluyen en ERTEs y simplemente alarga la vigencia el tiempo que haya durado el ERTE una vez éste termine. A ello se suma la aprobación por parte de la administración de la práctica totalidad de los ERTEs por fuerza mayor, incluso en aquellos casos en los que la administración era la contratista y ella misma había aprobado en principio garantizar los salarios. ERTE y pago de la administración, negocio redondo. Evidentemente en ningún caso se recoge como medida la expropiación de las empresas y de sus capitales y el pago íntegro de los salarios de quien no pueda trabajar por el estado de alarma por parte del estado, esto iría contra el sacrosanto derecho a la propiedad y a la libertad de empresa recogido en la constitución y defendido por todos estos RDL.

También se aprobaron varias mejoras en las medidas de ayuda a la conciliación existentes, así como artículos que promueven el teletrabajo, pero evidentemente todo ello luego en la realidad es muy difícil que se lleve a la práctica ante la eventual oposición de las empresas, y más cuando los plazos judiciales están parados, los juzgados no señalan, las administraciones sólo permiten reclamar online y no hay oficinas a las que dirigirse y la Inspección de Trabajo se inhibe por defecto en todo lo que tenga que ver con ERTEs o abusos antisociales derivados de la situación, como por desgracia hemos tenido la oportunidad de constatar reiteradamente… En cuanto al trabajo a distancia o teletrabajo lo que en realidad recoge el RDL es una simplificación del procedimiento de evaluación de riesgos, y evidentemente no la obligación empresarial de pagar las facturas de internet y luz o de subsidiar de alguna manera las medidas de adaptación de la vivienda necesarias para convertirla en un centro de trabajo. En la práctica las empresas hacen que los trabajadores asuman el coste de convertir sus casas en instalaciones y centros de trabajo de su empresa. No es extraño que los cerebros grises de la Patronal ya hablen de convertir el teletrabajo de “derecho” a obligación, sobre todo si se hace cargando todos los costes a las espaldas de los trabajadores. Y en efecto estas medidas han sido extendidas hasta pasados tres meses de la finalización del estado de alarma (por ahora) mediante el último RDL 15/2020…

En cuanto a las ayudas en las prestaciones de paro sólo nos cabe decir que las mismas son más bien relativas, en el momento en el que la prestación de paro sigue topada y las prestaciones se calculan en base a las bases de cotización, que en un porcentaje muy alto de la clase obrera son fraudulentas, y que igualmente, como ya está ocurriendo, muchos compañeros y compañeras ni siquiera las van a poder recibir hasta mayo o junio, debido supuestamente al colapso de las administraciones en la tramitación de los expedientes, que también conllevará, de forma públicamente reconocida, que quienes tengan hijos al cargo no puedan cobrar tampoco las cantidades que les corresponderían a tiempo. Por otro lado, todas las ayudas recogidas en el RDL 8 en este sentido van dirigidas a quienes han sufrido un ERTE, pero nada se dice respecto a quien ha sufrido un despido ni mucho menos a quien trabaja sin contrato o simplemente no consta en el eventual ERTE por decisión unilateral de la empresa. En cuanto a los compañeros y compañeras con contratos fijos discontinuos la situación es la misma si la empresa decide que no estén en el ERTE, e incluso si les incluye, constituye un auténtico galimatías poder probar que les corresponden las ayudas recogidas en el artículo 25.6 (que además ha ido sufriendo varios cambios incluido el del último RDL 15/2020). En cuanto a las medidas aprobadas en este último RDL respecto al acceso a la prestación de desempleo cuando se ha sido despedido en periodo de prueba o se había dejado el trabajo porque se tenía una perspectiva de trabajo que finalmente no se ha dado, solo podemos decir que aparte de aplicar las mismas limitaciones que decíamos inicialmente, en todo caso afectará a un muy limitado número de casos y que además en cuanto al segundo de los casos, se deberá probar detalladamente. Evidentemente en ningún momento se les pasa por la cabeza simplemente proceder a conceder todas las ayudas de forma íntegra e inmediata y sin revisar ningún expediente.

Por lo que respecta a las supuestas medidas de protección del empleo recogidas en el RDL 9 y por las que supuestamente se impide despedir o extinguir el contrato alegando algunas de las causas previstas en los arts. 22 y 23 del RDL 8 (esto es, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19), a pesar de la actitud antisocial que supone proceder a dichos despidos, el artículo no recoge que deban ser considerados nulos, con lo que podemos esperar que los tribunales de la burguesía no los consideren más que eventualmente improcedentes. Y ello sin tener en cuenta que la mayor parte de los despidos se dieron antes de la publicación del RDL 9 (28 de marzo), con lo que los casos a los que aplicaría dicha norma serán muchos menos que los despidos que realmente ha habido. El Gobierno tuvo la delicadeza de avisar a bombo y platillo a la patronal de la publicación del RDL al día siguiente, produciendo una auténtica avalancha de despidos el día 27 de marzo.

Y como medida estrella, después del primer periodo de estado de alarma y como medida adicional para forzar un mayor confinamiento de la población, nos encontramos con el “permiso retribuido recuperable”, obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras que seguían prestando servicios en los centros de trabajo, pero que no son considerados servicios esenciales.

Hay que decir alto y claro que el “permiso retribuido recuperable” es un timo. Para empezar no se le puede llamar permiso en el momento en el que se impone su “disfrute” unilateralmente. Para continuar no se le puede llamar “permiso retribuido” en el momento en el que se tiene que devolver. Y para finalizar es una tomadura de pelo que se pretenda que la obligada recuperación del supuesto permiso se deba pactar entre la representación de la empresa y la empresa, que si no hay representación las empresas de servicios sindicales puedan arrogársela (exactamente igual que en el caso de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción) y que si no se llega a un acuerdo la empresa simplemente puede imponer el modo de recuperación. Esto es simplemente la imposición de una distribución irregular de jornada unilateral por encima de las previsiones del ET.

Al timo mencionado, que al final consiste en descargar en la clase obrera (y no en las empresas) las consecuencias de la obligación de confinarse, hay que sumar el hecho de que el RDL deja la puerta abierta a que muchas empresas puedan considerarse o no esenciales, sin hacer una restricción por CNAEs como la que había llegado a haber en el borrador. Es decir, que según su situación y necesidades empresas realmente no esenciales están intentando seguir trabajando presencialmente y otras que podrían considerarse esenciales pueden estar no haciéndolo.

En toda esta situación, y en su papel de parte integrante del estado burgués y de promotores y defensores de esta gran idea del “permiso retribuido recuperable” (como antes de la distribución irregular de la jornada), las empresas de servicios sindicales CCOO y UGT hacen un llamado a los trabajadores y trabajadoras a “hacer un esfuerzo” y “trabajar un poco más para compensar las horas”… Igual que apoyan la vuelta a la “normalidad” anterior a las dos semanas de “permiso retribuido recuperable”, mediante la que el gobierno ha implementado lo que las patronales afectadas pedían, hasta unos 4 millones de compañeras y compañeros (según algunas estadísticas, ya que el gobierno también calla sobre esta cifra) tienen que volver al tajo aunque por el camino tengamos que morir unos cuantos más. ¡Todos los sacrificios que hagan falta en el altar de la ganancia! Una vez más la burguesía española se muestra como una de las más agresivas, teniendo en cuenta el mantenimiento de medidas restrictivas que en general se está dando todavía en países similares.

Y, para terminar, a la espera de que se publiquen los próximos ataques, no podemos dejar de mencionar el contenido del RDL 13 en lo que se refiere a las medidas para el sector agrario, mediante las cuales se pretende “ayudar” a la clase obrera haciendo compatible el cobro de salarios por trabajar en el campo con las prestaciones que se vinieran cobrando. La realidad es que lo que esconde la medida es un abaratamiento de los salarios en el sector agrario y la puesta a disposición de una masa de trabajadores y trabajadoras para su explotación en este sector, para beneficiar a los empresarios, pequeños y grandes, del campo, puesto que sabiendo que los salarios tienden a ser el coste de la producción y reproducción de la vida obrera, que se pueda mantener el cobro de las prestaciones mientras se trabaja en el campo en realidad repercutirá necesariamente en el monto salarial que los explotadores del campo terminen pagando. Y ello no es más que el preludio del trabajo por un plato de sopa que ya vivimos después de la crisis de 1929.

Otras medidas

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que también se ha aprobado, mediante la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, que se centralicen los datos de movilidad de todos los “ciudadanos”, recogidos a través de la geolocalización de los teléfonos móviles, sin necesidad de permiso ni nada por el estilo. Es obvio que dicha medida ya se estaba llevando a cabo, pero con la excusa del Covid-19 ahora lo van a hacer abiertamente tal como ya han hecho en China y otros países. Una herramienta más de control social cuya implementación el virus facilita, como permite también que se le atribuya la crisis (o más bien el crack) económico-industrial que estamos viviendo y que tarde o temprano iba a explotar, como consecuencia de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el modo de producción mercantil-capitalista. El virus es muy conveniente para tapar el origen sistémico de la crisis, como lo es para justificar la ulterior fascistización del estado y militarización de la sociedad, llamando a la unidad nacional entre clases de cara a la preparación de la guerra imperialista. El choque interimperialista lleva tiempo fraguándose, y los choques comerciales (incluido el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G de la mano de China, que habría barrido en el MWC y que por ahora el virus también ha conseguido frenar) o los vaivenes del precio del petróleo no son más que la antesala de la “continuación del comercio por otros medios” de Von Clausewitz.

Como clase obrera deberemos estar preparados para oponernos a todas las medidas que van a intentar imponernos para hacernos pagar la crisis cuando el periodo de confinamiento acabe, y para rechazar cualquier llamada a la unidad nacional, a la union sacrée, con nuestra propia burguesía, como se nos gritará desde la derecha y desde la falsa izquierda parlamentaria, desde el fascismo y desde su falso opuesto, el llamado antifascismo, y plantear nuestra alternativa de clase para la superación de esta sociedad. 

¡Por la expropiación a las empresas de todos los capitales necesarios para el pago completo de todos los salarios de toda la clase obrera!

¡Por una prestación indefinida mínima de 1.500€ mensuales para quienes estén en ERTE o desempleados!

¡Por la condonación de todos los pagos por vivienda y servicios!

¡Por la expropiación sin indemnización de todas las viviendas necesarias para asumir a todos los miembros de la clase obrera que tienen que pasar el confinamiento en infraviviendas!

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo, con todos sus virus y sus guerras!

Sobre el ERTE en Singularis Catering de Autor (abril 2020)

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

Cómo sabéis, la empresa Singularis Catering de Autor ha presentado un ERTE por fuerza mayor que ha sido aprobado por la Autoridad laboral.

La empresa, siguiendo su política antiobrera ha dejado fuera del ERTE a los compañeros que trabajan por medio de Alta/Baja; es decir ha dejado sin posibilidad de acogerse a las medidas decretadas en relación al paro a MÁS DE LA MITAD de la plantilla de los centros de TNC, Auditori, Liceu, WTC, Barça, MNAC, etc…

Antes de la situación actual la empresa no escatimaba en irregularidades laborales para aumentar sus ganancias a costa nuestra: la situación Alta/Baja es un claro ejemplo, también lo son las reducciones de jornada unilaterales a los trabajadores fijos o fijos-discontinuos que ahora implican una prestación por desempleo miserable al tener dada de alta menor jornada que la que realmente realizan, o el desprecio más absoluto hacia las trabajadoras embarazadas a las que la empresa no paga el complemento de prestación por IT, o tener que estar sometidos a la jefa o jefe de centro para que nos dé horas porque no tenemos asegurado ni un mínimo de jornada (y ni siquiera es una garantía tenerla reconocida por contrato…) Y esto es sólo una muestra.

El grupo Elior ha hecho una inversión en Serunion de 900 millones de Euros, Serunion tiene la mayor cuota de mercado del sector de colectividades y Singularis Catering de Autor (cuyo único accionista es Serunion) creció el año pasado un 16% respecto al anterior. Con este currículum cualquiera pensaría que la empresa es perfectamente capaz (y es lo que debería haber hecho) de garantizar el 100% de los salarios a la plantilla durante esta situación, pero resulta que los negocios han ido viento en popa a costa de imponernos condiciones de miseria y de reventarnos físicamente, trabajando por dos y por tres, y cuando la empresa tiene que cerrar estas condiciones de miseria se convierten en condiciones de hambre directamente. Estamos hartos de escuchar que los empresarios son los que arriesgan, pero resulta que cuando los negocios van bien nos revientan de cansancio y cuando van mal lo único que arriesga la empresa son nuestros salarios y por ende nuestras condiciones de vida. ¡Durante la primera semana de abril la empresa ni tan solo ha pagado los salarios de marzo a toda la plantilla!

Tenemos que saber que el 17 de marzo se publicó un Decreto de la Alcaldía de Barcelona que establecía que las empresas subcontratas dependientes del Ayuntamiento (como el Auditori o la Fira) que vieran suspendido su contrato con la empresa principal recibirían una indemnización para poder hacer frente a los salarios de la plantilla si se comprometían a no realizar un ERTE. A pesar de ello, la empresa ha preferido no garantizar el cobro de los salarios de la plantilla y ha suspendido el contrato a una parte con el ERTE (dejándoles con un 70% del salario a cobrar en mayo y que no devengará vacaciones ni pagas durante este tiempo) y a la otra le ha dado una patada, mirado hacia otro lado como si con ellos no fuera la cosa.

La empresa ni siquiera se ha dignado a pagar, tal y como establece el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores los servicios convocados y anulados a causa del COVID19 a todos aquellos trabajadores no incluidos en el ERTE y que tenían horarios para todo el mes de marzo e incluso parte del mes de abril. Pero tenemos que saber que hay un año de plazo para reclamar que nos paguen estos servicios ¡tenemos derecho a cobrarlos y os animamos a contactar para reclamarlos!

¿Cuál ha sido el papel de las empresas de servicios sindicales?

La empresa ha marcado estas semanas con un sello: el de la UGT. A las preguntas de los trabajadores sobre nuestra situación, la empresa a través de sus directores y encargados (que nunca sabían nada) han enviado guías, trípticos y mensajes reenviados de la UGT e incluso han dado directamente el teléfono de su liberado en SERUNION para resolver dudas. Hasta han llegado a comunicar que si queremos pedir a la empresa un anticipo de la paga extra tenemos que contactar con…era de esperar: la UGT.

El objetivo de la empresa es mantenernos siempre dentro del redil, para ello se esfuerza en canalizar nuestro descontento a través de su alter ego: la empresa de servicios sindicales UGT (aunque también valdría cualquier otra CCOO, USO...) En Singularis no hay comité, aun así, la empresa ha decidido, y sin elecciones, que la UGT lo es y los trabajadores tenemos que pasar obligados por allí en la más pura esencia del sindicalismo vertical fascista.

¿Qué necesitamos las trabajadoras y trabajadores de Singularis Catering de autor?

Necesitamos organizarnos en el Sindicato de Clase, sin liberados, no subvencionado ni por el patrón ni por el Estado, y cuyo único interés sea la defensa intransigente del puesto de trabajo y la mejora de las condiciones de trabajo. 

Necesitamos organizarnos por medio del compañerismo y la solidaridad. La empresa juega a dividirnos, pero en la situación actual se ha visto claramente que los trabajadores estamos todos a un lado de la barricada y la empresa está al otro lado. Tenemos que romper la división entre fijos, fijos-discontinuos, y los mal llamados “extras”. No nos engañemos, si en una situación como la actual la empresa ha sido capaz de todo esto, ¿qué no hará después para recuperar las ganancias? El interés de la empresa está en igualar nuestras condiciones a la baja y para ello necesita que estemos divididos. Nuestro interés es igualar nuestras condiciones de trabajo, pero al alza: para ello debemos organizarnos fuera de las empresas de servicios sindicales y no hacerle el juego a la empresa a través del chivateo/chismorreo que siempre se demuestra que no sirve para nada.

La clase obrera en general estamos viviendo una situación gravísima. Debemos ser conscientes que la burguesía y su estado va a hacer recaer esta crisis, que no es más que una crisis causada por el sistema criminal capitalista, sobre nuestras espaldas. Prueba de ello es que no se haya decretado que las empresas completen el 100% de los salarios cuando, como se ha visto, no ha habido reducción de nada: ni del precio del alquiler, ni de la compra, ni de los suministros. Lo único que se ha reducido por decreto son los salarios: un 30% si estás en ERTE o despedido y un 100% a todos los que no tienen prestación. ¡Pero nuestras familias no comen un 30% menos, ni comen del aire durante el Estado de Alarma!

En una situación así es más necesaria si cabe nuestra organización para tener la fuerza suficiente y poder exigirle a la empresa, aunque sea retroactivamente:

-        El abono del 100% del salario real de los meses en los que se haya paralizado la producción: complementando la prestación a los incluidos en el ERTE según la jornada real realizada los últimos 180 días y abonando el 100% de los salarios a los no incluidos en el ERTE pagando los servicios desconvocados y el salario del mes de abril y siguientes con una media de los últimos 180 días trabajados.

-        El paso a fijos indefinidos de toda la plantilla: ¡A igual trabajo iguales condiciones laborales y salariales!

20200315 - Comunicado en relación con el estado de alarma y el Covid-19

La noche pasada se ha decretado el Estado de alarma en el Estado español por la situación producida por el COVID-19:

·      Hemos visto cómo se ha afirmado institucionalmente por parte de Christine Lagarde que “El Fondo [Monetario Internacional] reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".” (El País, 11 de abril de 2012)

·        Hemos visto cómo se ha retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años, dificultando al máximo la jubilación anticipada, mientras preparan prolongarla hasta los 70 años.

 ·        Hemos visto cómo se ha implementado una trayectoria de reducción de costes en Sanidad que ha conllevado una infraestructura completamente insuficiente, falta de médicos especialistas, listas y tiempos de espera desproporcionados, etc.

 ·        Hemos visto una reducción del presupuesto de dependencia: “Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, que unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el dictamen del Observatorio de la Dependencia (…) "el recorte acumulado" de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de euros” (El Periódico, 17-02-2017). “El sistema de dependencia se estanca: 270.000 personas en lista de espera” (El País, 22-01-2020).

 ·        La clase obrera sufre una masacre sistemática en los mal llamados “accidentes de trabajo” (asesinatos laborales): “Un total de dos millones de trabajadores mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo.” (OIT)

 ·        El capitalismo aboca anualmente al suicidio a 800.000 personas a nivel mundial y a casi 4.000 personas en el Estado español.

 Este es el contexto en el que surge el SARS-COV-2, un virus que ataca especialmente a la población de mayor edad y a todos los enfermos crónicos, que parecería ser la solución a la creciente preocupación de la burguesía mundial por el envejecimiento de la población obrera (no nos engañemos, que los suyos vivan muchos años no les preocupa, les preocupa que lo hagamos nosotros y que tengan que pagar jubilación).

 Este virus aparece en escena también justo en el momento en que era inevitable la explosión de la burbuja especulativa (bolsa, bonos del tesoro, precio del petróleo) y en el que la potencia vencedora de la II guerra mundial está en pleno retroceso y es incapaz de seguir el ritmo a las potencias imperialistas en auge, en el plano tecnológico (5G) ni en el plano de la producción en masa, ni en el financiero, ni en el militar.

 Hoy estamos inmersos en una guerra comercial mundial mientras que hay una parte importante del mundo en que la guerra se libra por medios militares convencionales (Siria, Ucrania, Libia, Yemen, etc.) con intervención directa de distintas potencias. Si “la guerra es la continuación del comercio por otros medios” (Carl von Clausewitz), no es de extrañar que los contendientes utilicen todos los medios a su disposición. Los EEUU acabaron de exterminar a los indios americanos repartiéndoles mantas infectadas de viruela. La técnica militar moderna incorpora a su arsenal no sólo las armas químicas que se estrenaron en la I guerra mundial sino las nucleares que hicieron su aparición en la II guerra mundial y también las biológicas (ántrax, etc.). En plena “crisis del coronavirus”, con varios países en Estado de alarma y confinamientos decretados, la OTAN desarrolla un ejercicio militar “Europa Defender 20” para el que los EEUU ha desplegado 30.000 soldados más en Europa.

 Para la preparación de la guerra se necesita la unidad nacional, el opio patriótico que ata a la clase obrera al yugo ideológico de la burguesía. Nada mejor que una “crisis natural” para llamar a la unidad e inocular el virus del patriotismo, para que la propia población requiera y aclame (con aplausos e himnos sonando) las medidas represivas del Estado. Del mismo Estado que ha recortado el presupuesto de Sanidad hasta reducirlo a su situación raquítica, del mismo Estado capitalista que es el responsable último de la situación de colapso del sistema sanitario y de todas las muertes por desatención que produzca su negligencia.

 La encerrona consiste en descargar encima de la clase obrera las consecuencias de su política de recortes. Para esto la Patronal a través de su Estado (gobierno central o autonómicos) ha decretado varios cierres declarando el carácter de fuerza mayor para facilitar que los empresarios no tengan que pagar y los trabajadores pasen dócilmente al arroyo del paro. El Estado de alarma y el miedo de contagio liquidan la posibilidad de una acción colectiva a corto plazo para defender los intereses de la clase obrera ante el lockout patronal generalizado, lo hemos visto en China y en Italia ya y lo vemos ahora en el Estado español.

 La burguesía ha producido una situación que deja momentáneamente sin capacidad de presión a la clase obrera, pero tarde o temprano tendrán que reactivar la producción. Entonces, nos dirán que hay que apretarse el cinturón y hacer un esfuerzo “conjunto” (nosotros trabajamos y ellos ingresan en sus cuentas bancarias), para volver a relanzar la acumulación de capital a través de la explotación de la clase obrera. Entonces, habrá que exigir que sea la Patronal la que pague la crisis producida por su sistema económico caduco y luchar para que no nos impongan todos los ajustes.

 Mientras tanto, la clase obrera debe observar atentamente el desarrollo de la situación mundial y los movimientos de las distintas potencias imperialistas que se disputan el reparto del botín que constituye la plusvalía arrancada a nuestra clase a nivel mundial. No sólo no se puede excluir, sino que es altamente probable, que en el desarrollo de los acontecimientos pasemos a escenarios muy distintos del actual y nada halagüeños. Llegada la situación, cada cual deberá estar a la altura y no dejarse manipular por su propia burguesía para abrazarse con ella y hacerle la guerra a las demás.

 La solución de raíz de todas estas crisis es la superación del sistema capitalista, la abolición del trabajo asalariado y de la propiedad privada. Mientras no logremos esto, seguiremos viviendo sobre un barril de pólvora. Pero mientras estemos en el capitalismo nuestra responsabilidad es seguir reclamando, con o sin crisis, rechazando cualquier solidaridad nacional con la propia burguesía: la reducción de jornada sin reducción de salario, la jubilación a los 55 años y puesto de trabajo indefinido o subsidio indefinido de paro con el 100% del salario, salario mínimo de 1.500€ netos, fuera ETT’s y subcontratas: todos a fijos a la empresa principal y el resto de reivindicaciones del sindicalismo de clase.

¡Si el capitalismo sobrevive reventando a la clase obrera, que reviente el capitalismo!

¡Por la reanudación de la lucha de clase! 

¡Por la abolición del trabajo asalariado!