Los sindicatos aceptan que el sueldo de los funcionarios suba el 0,3%
(A pesar de haber declarado continua y sistemáticamente que no aceptarían una congelación salarial en la función pública mienten y finalmente firman la congelación).
El Gobierno se compromete a restituir en 2012 el poder adquisitivo si la economía sale del bache.
Los sindicatos de la función pública (UGT, CC OO y CSIF) aceptan este escenario porque el Gobierno ha incluido en el acuerdo una cláusula de revisión salarial que les garantiza la restitución del poder adquisitivo. Eso sí, los atrasos no se cobrarán hasta que la economía empiece a salir del bache.
"No hay horizonte para las protestas (es decir, nada de quejas) porque todo el mundo tiene interiorizada la situación económica", asegura Julio Lacuerda, responsable de la función pública en UGT, que valora la rapidez del proceso de diálogo con el Ejecutivo. Su homólogo en CC OO, Enrique Fossoul, considera "bastante aceptable" la cláusula de revisión pactada.
En cualquier caso, con una subida del 0,3% para 2010 por debajo de la inflación prevista la pérdida de poder adquisitivo está prácticamente garantizada.
La mayor parte de los analistas augura una inflación en torno al 1,5%, por lo que será necesario activar las cláusulas de revisión en los próximos dos años.
Más incierto es el panorama en 2012, último año de vigencia del acuerdo que se disponen a firmar el Gobierno y los sindicatos. El texto establece que el poder de compra perdido ese año se incorporará a los Presupuestos de 2013, pero si las elecciones se celebran en la primera mitad de 2012, será otro Gobierno el encargado de cumplir ese compromiso. "No tenemos otra forma de garantizarlo; lo lógico es que el próximo Gobierno respete los pactos anteriores", argumenta Miguel Borra, del sindicato CSIF.
Más allá de las medidas retributivas, el borrador del acuerdo establece otras mejoras en el empleo público. La principal -y la más difícil de cumplir- es el descenso de la temporalidad en este sector, que supera, por primera vez, a la del privado (un 25,4%, dos décimas por encima). El documento fija la necesidad de reducir esa tasa "hasta un máximo del 8%", aunque no se especifica el horizonte temporal ni la obligación expresa (otra argucia-trampa de marketing de los sindicatos subvencionados)
"El País" 17/09/09